La organización Cuba Siglo 21 publicó un informe en el que analiza cómo la represión del régimen cubano contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 ha impactado en sus familiares provocándoles exclusión e impidiéndoles que puedan acceder a las mismas oportunidades que la mayoría.
“En primer lugar, hay el gran momento de injusticia de esa dimensión humana, que es el proceso de condena, del enjuiciamiento, pero luego viene un proceso más largo, y tan doloroso como este, que es la muerte social”, indicó a Martí Noticias el historiador Leonardo Fernández Otaño, estudiante de doctorado en la Universidad de Alcalá, en España.
Bajo el título "Cuba: familias presas de la política totalitaria", Fernández Otaño evalúa la repercusión social y económica que sufre este grupo poblacional cuyos integrantes experimentan consecuencias y desafíos como la marginación en sus localidades, el acoso de la Seguridad del Estado, el despojo de sus empleos, además de tener que pagar la subsistencia de sus allegados encarcelados.
“Ese es el momento en el que el Estado totalitario cercena todos los puntos de apoyo de la familia intentando cortar los nexos y afectos más cercanos, tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, los vínculos en el entorno familiar, las relaciones laborales que se precarizan y se complejizan aún más con los escenarios de pobreza que viven estas familias”, agregó el especialista.
La muerte social puede acarrear consecuencias como la depresión y la ansiedad y el debilitamiento del sistema inmunológico.
De acuerdo a la investigación, el 40% de los entrevistados sufre crisis emocionales, y muchos niños han desarrollado trastornos de ansiedad.
El estudio, que abarca 15 de los hogares dañados por la represión estatal, muestra cómo personas sin vínculos previos con la oposición política han tenido que convertirse en activistas por la persecución a sus seres queridos y la que sufren ellos mismos.
Su “politización”, destaca el texto, incluye la denuncia pública, la participación en redes sociales y la articulación en iniciativas como Cuba de Luto o la entrega de un proyecto de Ley de Amnistía ante la Asamblea Nacional.
Las demostraciones del 11 de julio de 2021 contra el gobierno cubano y el Partido Comunista de Cuba desencadenadas por la escasez de alimentos y medicamentos, el autoritarismo del régimen y las restricciones a las libertades básicas, provocaron casi dos mil arrestos, y, posteriormente, juicios sumarios y altas condenas.
“El gasto en abogados llegaba a alcanzar los 4.200 pesos por juicio” en un momento en que el salario medio era de aproximadamente 3.800 pesos, unos 16 dólares, apunta el informe.
El envío de recursos a los presos, recursos que muchas veces no tienen de dónde sacar, “lo cual complejiza aún más el contexto de pobreza que viven estos familiares”, resaltó Fernández Otaño.
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