La cuarta ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el régimen de Cuba, como parte del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), comenzará el miércoles en Bruselas en medio de una crisis de derechos humanos en la isla y la vuelta a prisión de dos líderes opositores, José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
Con el ADPC, firmado en 2016, la UE buscaba promover tanto las relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba como los derechos humanos. Escépticos sobre el logro de estos objetivos, varios estados han pedido una evaluación del acuerdo y sus resultados, destaca un reporte de EFE.
Fuentes diplomáticas consultadas por la la agencia española de noticias revelan "un abanico de sensibilidades dentro de la UE" sobre el tema, aunque la mayoría apoya la posición de la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, que considera al ADPC como "la mejor baza de la UE" para promover sus valores e intereses en la isla.
En un debate sobre Cuba ante el Parlamento Europeo, en mayo pasado, Kallas dijo que el acuerdo sigue siendo relevante para "promover la reforma, fomentar el respeto de los derechos humanos y acompañar la modernización económica y social" en la isla.
Al mismo tiempo, la alta representante europea lamentó el encarcelamiento de Ferrer y Navarro y señaló que el Estado de derecho es incompatible con las detenciones arbitrarias. "Todos creemos que el pueblo cubano debe poder elegir a su Gobierno mediante elecciones libres y democráticas. La cuestión hoy es cómo nos comprometemos con Cuba. Debemos hacerlo sobre la base de nuestros valores y nuestros intereses", recalcó.
Sin embargo, organizaciones independientes han criticado al bloque comunitario por el soporte económico y moral que el ADPC representa para un régimen totalitario, que viola constantemente los derechos humanos y mantiene en prisión, en condiciones deplorables, a más de mil presos políticos.
El mes pasado, tras el debate en el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional instó a los eurodiputados a reclamar la liberación de Navarro y Ferrer. “Nos parecía sumamente relevante instar a los eurodiputados a unirse a Amnistía y exigir la liberación inmediata e incondicional de José Daniel y Félix. Esto porque, además, creemos que su regreso a prisión sigue marcando y señalando que la represión continua y sistemática de las voces disidentes en Cuba es un hecho, se mantiene”, dijo entonces a Martí Noticias Johana Cilano, investigadora regional de la organización.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió un “nuevo enfoque” en la política de la UE hacia Cuba, tras denunciar el empeoramiento de la situación política, económica y de derechos humanos en la isla. "El Servicio de Acción Exterior de la UE tiene una visión desactualizada de la realidad cubana”, dijo en una declaración.
La ONG denunció que la UE ni siquiera participó en el último proceso de excarcelación de presos políticos y no ha impulsado ninguna medida positiva “en favor del pueblo cubano”. Reclamó, además, “una mayor creatividad, firmeza y cambios en las estructuras relacionadas con Cuba, heredadas de administraciones anteriores”.
En febrero pasado, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba instó a la UE a revisar su acuerdo con Cuba debido a que "ha fracasado en el propósito de promover la apertura política". La organización dijo que, "en lugar de fortalecer a la sociedad civil", el ADPC ha servido para "consolidar el poder del gobierno sobre la sociedad, y no de la sociedad sobre el gobierno", y para "normalizar la represión".
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